ASETRAD

Para los profesionales y el eterno asunto de las tarifas que se cobran por una interpretación judicial he incluido un pequeño cálculo para comparar lo que significan los honorarios de un intérprete en comparación con los demás profesionales que intervienen en juicio. Sospecho que más de uno se llevará una pequeña sorpresa.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775112/Suscripciones.html

Descarga ya la nueva aplicación del Ministerio de Justicia sobre Direcciones y teléfonos en tu móvil y podrás tener acceso al:

Buscador de Direcciones del Ministerio,
Teléfonos y Localización en Mapas de los Órganos Centrales y
Teléfonos y Localización en Mapas de los Juzgados y Tribunales del Ministerio de Justicia.

El taller TRAFUT de Madrid es uno de los cuatro talleres que se están organizando a nivel europeo y el segundo que se celebra tras el que tuvo lugar en Liubliana durante el mes de noviembre de 2011. Los talleres giran en torno a la Directiva 2010/64/UE (véase la entrada Se publica la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales) y constituyen, sin duda alguna, un foro excepcional para todos los profesionales interesados en el campo de la traducción e interpretación judicial. Toda la información necesaria e imprescindible del taller TRAFUT en Madrid se irá publicando en breve en la página de EULITA y APTIJ.

La capacidad de la mente humana en inventarse cosas inexistentes es francamente sorprendente. Porque la ley no dice nada acerca de un sello del Ministerio de Asuntos Exteriores o de otras tantas cosas que hemos ido escuchando a lo largo de los últimos años y que se nos piden de forma aleatoria y arbitraria. Así que vamos a ver si aclaramos este asunto.

La norma que regula a los traductores-intérpretes jurados es el Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El traductor-intérprete jurado no adquiere con su nombramiento la condición de funcionario público pero eso no es obstáculo para que sus traducciones tengan carácter oficial con validez en todo el territorio nacional. Para ello únicamente tiene que certificar con su firma y sello su actuación conforme a lo señalado por la correspondiente norma legal. Es decir, que no se requiere ninguna intervención adicional de nadie. Y eso es lo que viene a decir el artículo 6 del Reglamento de la OIL:

Artículo 6. Traducciones e interpretaciones juradas

1. Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones cuando así lo soliciten las autoridades competentes.

2. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as podrán certificar con su firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones, empleando la fórmula que a tal efecto se dicte en la orden de desarrollo del presente Real Decreto. En esta orden se indicará, asimismo, la forma y contenido exacto del sello.

Obsérvese como el artículo 6 habla de certificar con su firma y sello y no que el Ministerio de Asuntos Exteriores tenga que dar adicionalmente el visto bueno (tal y como decía nuestro funcionario estrella al inicio). Por lo tanto, no se requiere legitimar la firma del traductor-intérprete jurado o ponerle a la traducción jurada un lazo de color azul.

Para darle un poco más de fuerza a lo indicado, que en mi opinión es de puro sentido común, voy a hacer una breve referencia a lo que señaló en su día la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN). Que una cosa es que lo diga yo y otra muy diferente que lo haga la DGRN. Pero vayamos al grano. La DGRN tuvo que pronunciarse en un asunto idéntico al de nuestro funcionario ilustrado aclarando lo que acabo de explicar. Corría el año 2002 y el Registro de la Propiedad de Alicante se negó a inscribir una escritura de préstamo hipotecario ya que, entre otras cosas, no se había legitimado la firma del traductor jurado. La DGRN revocó la nota del Registrador y precisó que no era necesario legitimar la firma del traductor-intérprete jurado en una traducción, firmada y sellada por el mismo, si se ha justificado su condición:

«1. La primera cuestión que se plantea en el presente recurso es la necesidad o no de legitimación de la firma de traductor jurado en una documentación por él redactada y que se presenta en el Registro. A la necesidad de traducción de documentos en idioma extranjero se refiere el artículo 37 del Reglamento Hipotecario determinando que la traducción sea realizada por la Oficina de interpretación de lenguas o por funcionarios competentes autorizados en virtud de leyes o convenios internacionales o en su caso por un Notario, pudiendo el Registrador prescindir bajo su responsabilidad de la traducción cuando conozca el idioma de que se trate. Tratándose de traductores con titulación oficial en España, el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores se refiere a los intérpretes jurados; conforme al artículo 13 de dicho Reglamento la traducción realizada por éstos tiene carácter oficial, determinando que los mismos certificarán con su firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones. En el presente caso aparece el documento firmado y sellado, y además se ha justificado mediante el traslado de la resolución administrativa pertinente la condición de intérprete jurado de la persona que firma el documento. Por ello ha de entenderse justificada la condición oficial de la traducción y la persona que la realiza. Procede pues estimar el recurso en este punto.»

(Resolución de 4 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado)

En palabras sencillas: es suficiente con la firma y el sello del traductor-intérprete jurado.

Dos últimos apuntes en relación con la resolución de la DGRN: El antiguo artículo 13 del Reglamento de la OIL es ahora el artículo 6 y el tener que justificar la condición del intérprete jurado es un punto del que en la actualidad podemos, al menos en el día a día de una gestión ordinaria cualquiera, prescindir. La lista de los traductores-intérpretes que consta en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores no sólo es pública sino que recoge a todos los traductores-intérpretes jurados nombrados por el Ministerio. Si se quiere comprobar el nombramiento de un traductor-intérprete jurado es tan sencillo como consultar la lista.

¡Feliz 2012!

• Revised Tex of the General Law for the Protection of Consumers and Users (Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios)

• Act 54/2007, dated 28 th december on Inercountry Adoption (Ley de Adopción Internacional)

• Refonte de la Loi Générale Concernant la Protection des Consommateurs et des Utilisateurs (Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios)

• Loi nº 54 du 28 décembre 2007 sur L´Adoption Internacionale (Adopción Internacional)

Además, los nuevos textos son, en esta ocasión, meras traducciones jurídicas ya que han dejado de indicar que se trata de traducciones juradas (un punto que había criticado en reiteradas ocasiones). Interesante, a ver si ahora va a resultar que en el MJU leen El Gascón Jurado

Convocatoria en la UE para constituir una base de datos de traductores con el fin de cubrir vacantes de puestos temporales en este ámbito.

Para más información: http://ec.europa.eu/spain/novedades/educacion/convocatoria-traductores_es.htm

Inglés:

• Act on the Jurisdiction for Judicial Review
• Labour Procedure Act
• Criminal Code
• Constitucional Act on Personal Data Protection
• Royal Decree approving the regulations relating to Constitucional Act on Personal Data Protection

Francés:

• Loi de Procédure en Matière de Travail
• Code Pénal
• Loi Organique relative à la Protection des Données à Caractère Personnel
• Décret Royal portant aprobation du Règlement d´aplication de la Loi Organique relative à la Protection des Données à Caractére Personnel

Por lo demás, acabo de detectar el mismo error que en los anteriores textos. Algunas traducciones indican que se trataría de traducciones juradas que, sin embargo, han sido realizadas por una sociedad anónima (cosa francamente difícil).

El artículo aparece publicado en Interviú y su título reza: Varios traductores policiales han sido detenidos. Privatizados y mal pagados, han sido acusados de fraudes, secuestros y tráfico de drogas (enlace a la noticia).

No está nada mal cuando se lee que uno de los intérpretes traficaba con cocaína y otro le quiso comprar la mercancía a los estafadores que investigaba.

Ahora bien, esto es lo que se denomina business as usual y ni mucho menos nada nuevo. Todo es cuestión de tirar de la hemeroteca:

• El País (16.03.2008): Interrogados 40 policías de Málaga por corrupción. Dos intérpretes fueron arrestadas, una de ellas acusada de vender información (enlace a la noticia).

• El Mundo (22.03.2008): La falta de traductores impide a la juez de Fontcalent comunicarse con reos extranjeros (enlace a la noticia).

• 20 minutos (09.03.2009): Condenan a tres traductores de la Policía por amañar la nacionalidad de los inmigrantes (enlace a la noticia).

• El Economista y El Mundo (16.07.2009): Asimismo, la Policía Nacional ha detenido a dos personas que realizaban labores de traducción jurada en juzgados y comisarías de Cataluña y que estaban vinculados con los máximos responsables de la organización desarticulada (enlace a la noticia).

Desde mi punto de vista considero la actual situación indignante, absolutamente vergonzosa e impropia de un país europeo del siglo XXI y nada menos que miembro de la Unión Europea. Pero incluso resulta todavía más bochornoso si tenemos en cuenta que el contexto es una consecuencia directa de la acción y omisión del propio Estado español que nos ha conducido este resultado por vía de las subcontratas, la falta de controles y una ausencia de unos requisitos mínimos para los intérpretes judiciales y policiales. Pero ya se sabe: Spain es different.

Más detalles de todo este embrollo y, en particular, de los intérpretes judiciales en uno de los próximos números de la revista de Asetrad «La linterna del Traductor».

“[..] Los conceptos jurídicos tienen en su gran mayoría un origen abstracto, en tanto en cuanto son entes de razón, con un grado muy elevado de complejidad en su concepción y concreción en su fijación, de tal modo que cuando se utiliza el concepto cualquier experto sabe a lo que nos estamos refiriendo, sin necesidad de usar un lenguaje descriptivo (ratificación, pretensión, inhibición, etc.). El uso de este tipo de conceptos es necesario y obligatorio, sobre todo en una ciencia que se basa en la aplicación de un lenguaje legalizado a un supuesto de hecho a través de unas reglas preestablecidas de aplicación e interpretación. El lenguaje es la herramienta de trabajo del derecho, y cuanto más preciso y exhaustivo sea, mayor seguridad jurídica generará. Sin embargo, esto no justifica el carácter arcaico de algunos de los términos usados; el lenguaje del derecho es un lenguaje en el que concurren muchos términos específicos que obedecen a «cultismos» procedentes del latín y cuya evolución gramatical-histórica ha sido mínima. Hay que hacer un esfuerzo por evolucionar con el lenguaje general [...]“

Para leer el artículo completo hay que ir a la página de La Razón y pinchar en el enlace.

Las diferentes partes se pueden ver aquí.

Todo ello con la colaboración de: Association of Police and Court Interpreters (APCI), Chartered Institute of Linguists (CIoL), Institute of Translation & Interpreting (ITI), National Register of Public Interpreters (NRPSI), NHS Peterborough, New Link, Peterborough City Link, National Policing Improvement Agency (NPIA) y la Association of Chief Police Officers (ACPO).

Francamente instructivo e interesante. El módulo 2 (The use of a professional interpreter in the public sector is essential for effective communication. Watch the module to see why) me ha llegado al alma.