ASETRAD

Para los profesionales y el eterno asunto de las tarifas que se cobran por una interpretación judicial he incluido un pequeño cálculo para comparar lo que significan los honorarios de un intérprete en comparación con los demás profesionales que intervienen en juicio. Sospecho que más de uno se llevará una pequeña sorpresa.

La capacidad de la mente humana en inventarse cosas inexistentes es francamente sorprendente. Porque la ley no dice nada acerca de un sello del Ministerio de Asuntos Exteriores o de otras tantas cosas que hemos ido escuchando a lo largo de los últimos años y que se nos piden de forma aleatoria y arbitraria. Así que vamos a ver si aclaramos este asunto.

La norma que regula a los traductores-intérpretes jurados es el Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El traductor-intérprete jurado no adquiere con su nombramiento la condición de funcionario público pero eso no es obstáculo para que sus traducciones tengan carácter oficial con validez en todo el territorio nacional. Para ello únicamente tiene que certificar con su firma y sello su actuación conforme a lo señalado por la correspondiente norma legal. Es decir, que no se requiere ninguna intervención adicional de nadie. Y eso es lo que viene a decir el artículo 6 del Reglamento de la OIL:

Artículo 6. Traducciones e interpretaciones juradas

1. Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones cuando así lo soliciten las autoridades competentes.

2. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as podrán certificar con su firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones, empleando la fórmula que a tal efecto se dicte en la orden de desarrollo del presente Real Decreto. En esta orden se indicará, asimismo, la forma y contenido exacto del sello.

Obsérvese como el artículo 6 habla de certificar con su firma y sello y no que el Ministerio de Asuntos Exteriores tenga que dar adicionalmente el visto bueno (tal y como decía nuestro funcionario estrella al inicio). Por lo tanto, no se requiere legitimar la firma del traductor-intérprete jurado o ponerle a la traducción jurada un lazo de color azul.

Para darle un poco más de fuerza a lo indicado, que en mi opinión es de puro sentido común, voy a hacer una breve referencia a lo que señaló en su día la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN). Que una cosa es que lo diga yo y otra muy diferente que lo haga la DGRN. Pero vayamos al grano. La DGRN tuvo que pronunciarse en un asunto idéntico al de nuestro funcionario ilustrado aclarando lo que acabo de explicar. Corría el año 2002 y el Registro de la Propiedad de Alicante se negó a inscribir una escritura de préstamo hipotecario ya que, entre otras cosas, no se había legitimado la firma del traductor jurado. La DGRN revocó la nota del Registrador y precisó que no era necesario legitimar la firma del traductor-intérprete jurado en una traducción, firmada y sellada por el mismo, si se ha justificado su condición:

«1. La primera cuestión que se plantea en el presente recurso es la necesidad o no de legitimación de la firma de traductor jurado en una documentación por él redactada y que se presenta en el Registro. A la necesidad de traducción de documentos en idioma extranjero se refiere el artículo 37 del Reglamento Hipotecario determinando que la traducción sea realizada por la Oficina de interpretación de lenguas o por funcionarios competentes autorizados en virtud de leyes o convenios internacionales o en su caso por un Notario, pudiendo el Registrador prescindir bajo su responsabilidad de la traducción cuando conozca el idioma de que se trate. Tratándose de traductores con titulación oficial en España, el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores se refiere a los intérpretes jurados; conforme al artículo 13 de dicho Reglamento la traducción realizada por éstos tiene carácter oficial, determinando que los mismos certificarán con su firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones. En el presente caso aparece el documento firmado y sellado, y además se ha justificado mediante el traslado de la resolución administrativa pertinente la condición de intérprete jurado de la persona que firma el documento. Por ello ha de entenderse justificada la condición oficial de la traducción y la persona que la realiza. Procede pues estimar el recurso en este punto.»

(Resolución de 4 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado)

En palabras sencillas: es suficiente con la firma y el sello del traductor-intérprete jurado.

Dos últimos apuntes en relación con la resolución de la DGRN: El antiguo artículo 13 del Reglamento de la OIL es ahora el artículo 6 y el tener que justificar la condición del intérprete jurado es un punto del que en la actualidad podemos, al menos en el día a día de una gestión ordinaria cualquiera, prescindir. La lista de los traductores-intérpretes que consta en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores no sólo es pública sino que recoge a todos los traductores-intérpretes jurados nombrados por el Ministerio. Si se quiere comprobar el nombramiento de un traductor-intérprete jurado es tan sencillo como consultar la lista.

¡Feliz 2012!

• Revised Tex of the General Law for the Protection of Consumers and Users (Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios)

• Act 54/2007, dated 28 th december on Inercountry Adoption (Ley de Adopción Internacional)

• Refonte de la Loi Générale Concernant la Protection des Consommateurs et des Utilisateurs (Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios)

• Loi nº 54 du 28 décembre 2007 sur L´Adoption Internacionale (Adopción Internacional)

Además, los nuevos textos son, en esta ocasión, meras traducciones jurídicas ya que han dejado de indicar que se trata de traducciones juradas (un punto que había criticado en reiteradas ocasiones). Interesante, a ver si ahora va a resultar que en el MJU leen El Gascón Jurado

Convocatoria en la UE para constituir una base de datos de traductores con el fin de cubrir vacantes de puestos temporales en este ámbito.

Para más información: http://ec.europa.eu/spain/novedades/educacion/convocatoria-traductores_es.htm

LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TRADUCTOR/A – INTÉRPRETE JURADO/A SE PUBLICARÁ, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA, ANTES DEL PRÓXIMO 31 DE DICIEMBRE, SIN QUE SEA POSIBLE PRECISAR MÁS.

EN ESTE MOMENTO NO SE CONOCE CUÁLES SERÁN LOS IDIOMAS QUE SE CONVOQUEN, QUE SE ANUNCIARÁN EN LA MISMA CONVOCATORIA.

SE HAN INCLUIDO LOS TEXTOS DE LOS EXÁMENES DE LA ÚLTIMA CONVOCATORIA

Sea como fuere y al margen del suspense de la cuestión, sí que me parece interesante que el MAEC haya publicado al final de tan curiosa misiva parte de los textos que se usaron para las pruebas en la convocatoria del 2010. Así que aquellos que quieran saber lo que se pidió en el 2010 únicamente tienen que ir a la página del MAEC.

Y dicho lo que antecede desde la APTIJ venimos a saldar dicha situación lanzando el IV Curso APTIJ de «Actualización sobre ordenamientos jurídicos del mundo árabe para traductores e intérpretes».

Serán 15 horas a cargo de Don Manuel Carmelo Feria García, profesor de la Universidad de Granada en la Facultad de Traducción e Interpretación. Doctor en Traducción e Interpretación, Traductor-Intérprete Jurado de Lengua Árabe por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y autor y coordinador de una decena de monografías científicas y una veintena de artículos en torno al Derecho en Marruecos y la traducción y la interpretación del árabe.

Desde mi punto de vista un curso muy especial que no se llega a ver todos los días.

Fecha y lugar de celebración:

El curso tendrá lugar en las instalaciones del Ilustre Colegio de Licenciados y Doctores en Filosofía y Ciencias de la Comunidad de Madrid, sito en la C/ Fuencarral, 101, Madrid (Metro Bilbao, Tribunal) y curso en las fechas y horarios que se indican a continuación:

Viernes, 18 de noviembre de 2011: 15:00-20:00

Sábado, 19 de noviembre de 2011: 09:00-14:00

Domingo, 20 de noviembre de 2011: 09:00-14:00

Número de plazas: 50.

Para más información sólo hay que pinchar en el siguiente enlace.

Los diez mandamientos de la traducción de topónimos en la UE

1. Tener siempre presente la «Lista de Estados y territorios», incluida en el Libro de estilo interinstitucional y, por tanto, de obligado cumplimiento para traductores, correctores, revisores y terminólogos de los servicios de todas las instituciones y órganos de la ue.
2. Estar al corriente de la evolución política general; tener el reflejo de no cambiar de forma automática un topónimo desconocido que pueda reflejar un cambio político que debe tenerse en cuenta. En tal caso, dar cuenta de tal modificación a los corresponsales de la institución ante el Grupo Interinstitucional de Toponimia.
3. Saber distinguir entre los documentos protocolarios y los textos de divulgación: un acuerdo pesquero puede exigir la forma «Côte d’Ivoire», mientras que en un folleto destinado al gran público la forma «Corea del Norte» es mucho más explícita que «la r.p.d. de Corea».
4. Ante un topónimo desconocido, no tener ningún miedo a consultar los atlas y las enciclopedias que haga falta: primero es la geografía, y luego la traducción.
5. En caso de duda, no vacilar en acudir a los corresponsales de la institución ante el Grupo Interinstitucional de Toponimia.
6. Si el endotopónimo se escribe en otro alfabeto o en cualquier forma de escritura distinta del alfabeto latino y carece de transcripción tradicional al español, tener en cuenta las normas establecidas para transliterar dicha escritura.
7. Vigilar los diacríticos, aunque no sean propios del español: así, Munster (endotopónimo: An Mhumha) es una provincia irlandesa, mientras que Münster pertenece a Westfalia.
8. En la medida de lo posible, no inventar nunca un topónimo de nueva planta sin haber efectuado una consulta previa al Grupo Interinstitucional de Toponimia. En caso contrario, informarle a posteriori.
9. En los topónimos menores (nombres de pueblos, aldeas o pequeños accidentes geográficos), la mejor solución acostumbra a ser ceñirse al endotopónimo.
10. Utilizar lo menos posible los gentilicios (por ejemplo: preferir siempre «una iglesia de Jerusalén» a «una iglesia hierosolimitana») y recurrir a ellos solo en última instancia (para evitar la repetición o ganar en concisión, por ejemplo: al sustituir «un ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos» por «un emiratounidense»).

Sin duda alguna, una buena orientación para cualquier profesional de la traducción e interesados en la materia. Si de mí dependiera sería de obligada lectura para más de un periodista. Por cierto, yo cuando viajo lo hago a Maguncia y Hamburgo

“[..] Los conceptos jurídicos tienen en su gran mayoría un origen abstracto, en tanto en cuanto son entes de razón, con un grado muy elevado de complejidad en su concepción y concreción en su fijación, de tal modo que cuando se utiliza el concepto cualquier experto sabe a lo que nos estamos refiriendo, sin necesidad de usar un lenguaje descriptivo (ratificación, pretensión, inhibición, etc.). El uso de este tipo de conceptos es necesario y obligatorio, sobre todo en una ciencia que se basa en la aplicación de un lenguaje legalizado a un supuesto de hecho a través de unas reglas preestablecidas de aplicación e interpretación. El lenguaje es la herramienta de trabajo del derecho, y cuanto más preciso y exhaustivo sea, mayor seguridad jurídica generará. Sin embargo, esto no justifica el carácter arcaico de algunos de los términos usados; el lenguaje del derecho es un lenguaje en el que concurren muchos términos específicos que obedecen a «cultismos» procedentes del latín y cuya evolución gramatical-histórica ha sido mínima. Hay que hacer un esfuerzo por evolucionar con el lenguaje general [...]“

Para leer el artículo completo hay que ir a la página de La Razón y pinchar en el enlace.

Noticias no se han producido muchas en lo que al mundo de la traducción jurada se refiere y las pocas que tenemos provienen de nuestro legislador. Se ha publicado la nueva Ley del Registro Civil que entrará en vigor en tres años. Y mire Usted que han suprimido al «traductor competente». La antigua ley decía en su artículo 86 así:

Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil:

Artículo 86.

Con los documentos no redactados en castellano ni en ninguna de las demás lenguas oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, o escritos en letra antigua o poco inteligible, se acompañará traducción o copia suficiente hecha por Notario, Cónsul, Traductor u otro órgano o funcionario competentes. No será necesaria la traducción si al Encargado le consta su contenido.

Sin embargo, la nueva ley ya no habla de traductor competente sino únicamente de órgano o funcionario competente:

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Artículo 95. Traducción y legalización.

1. Los documentos no redactados en una de las lenguas oficiales españolas o escritos en letra antigua o poco inteligible, deberán acompañarse de traducción efectuada por órgano o funcionario competentes. No obstante, si al Encargado del Registro le constare el contenido del documento podrá prescindir de la traducción.

En vez de aclarar y definir las cosas hemos logrado complicarlas. ¿Tan difícil resulta partir de un texto anterior e ir completándolo y perfeccionándolo para que el resultado sea un texto superior al que había? Incógnitas de la técnica legislativa.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) también ha estado durante las vacaciones en boca de todos. Probablemente se quede en un mero proyecto por diversas razones (no hay consenso político ni tiempo para aprobar el proyecto), pero merece la pena averiguar si se han introducido cambios en la interpretación judicial.

El anteproyecto establece el derecho a ser asistido por un intérprete cuando no se hable la lengua oficial e incluye dos artículos denominados «Derecho de traducción e interpretación» y «Juramento del Intérprete» que, a primera vista, parecen regular, por fin, la función del intérprete judicial:

Artículo 33. Derechos de la persona investigada

h) Ser asistido por un intérprete de forma gratuita cuando no comprenda o no hable la lengua oficial en la que se desarrolla el proceso

Artículo 34. Derecho de traducción y de interpretación

1. El derecho a que se refiere la letra h) del artículo anterior comprende la asistencia del intérprete en las conversaciones con el letrado de la defensa, así como la traducción escrita de las actas, escritos y resoluciones que resulten esenciales para la defensa.

En todo caso, serán objeto de traducción escrita los autos imponiendo medidas cautelares, el escrito de acusación, el auto de apertura del juicio oral y la sentencia.

Este derecho comprenderá la interpretación simultánea de todas las actuaciones del juicio oral.

2. La defensa podrá solicitar al Ministerio Fiscal la asistencia de intérprete desde la primera comparecencia.

La denegación de la asistencia del intérprete se realizará por medio de decreto.

En este supuesto, la defensa podrá dirigirse, por escrito, al Juez de Garantías solicitando la asistencia del intérprete, el cual, previa audiencia del Ministerio Fiscal, resolverá lo que proceda en el plazo de cuarenta y ocho horas.

Serán nulas las actuaciones practicadas sin la asistencia de intérprete cuando se le reconozca este derecho al investigado.

3. Asimismo, la defensa podrá solicitar al fiscal una nueva traducción escrita de los documentos y piezas del procedimiento de investigación cuando considere justificadamente que la que se le ha facilitado no ha sido realizada correctamente.

La denegación de la traducción se realizará por medio de decreto, pudiendo la defensa solicitar la traducción al Juez de Garantías de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.

4. El reconocimiento del derecho durante la investigación supone la asistencia de intérprete en todas las actuaciones que impliquen la intervención personal del investigado.

5. Excepcionalmente, cuando no fuera posible el desplazamiento de los intérpretes al lugar donde se estén desarrollando las actuaciones y siempre que existan los medios técnicos precisos, se facilitará el uso de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido.

Artículo 35. Juramento del intérprete

Antes de su intervención, el intérprete deberá manifestar, bajo juramento o promesa de desempeñar fielmente su cargo, que actuará con la mayor objetividad posible tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio, así como que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere sus deberes como intérprete.

Estas disposiciones serán de aplicación para los traductores.

Aunque parezca una toda una primicia no es para tanto. Los artículos expuestos no hacen sino incorporar al texto nacional lo que ya nos han indicado en la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (véase la entrada Se publica la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales).

Y en eso se queda el texto. Nada dice acerca de la cualificación y formación del intérprete e incluso incurre, desde mi punto de vista, en el mismo error de siempre estableciendo la asistencia gratuita del intérprete.

¿Por qué razón ha de ser gratis? La gratuidad del intérprete adquiere su pleno sentido cuando una persona no dispone de recursos. Al igual que ocurre con los abogados de oficio el Estado le proporcionará, en tal caso y a través de la asistencia jurídica gratuita, los medios necesarios para su defensa (abogado y procurador). ¿Pero si el «investigado» es adinerado qué sentido tiene excluir del montante al intérprete? Si una persona puede pagar a un abogado particular también dispone de los fondos necesarios para abonarle la factura al intérprete (y conforme a unos honorarios dignos y apropiados y no esa ruborosa insignificancia que nos ofrecen los intermediarios que todos conocemos). Lo que se podría ahorrar de impuestos con una medida de ese tipo. Otro día cualquiera me pondré a calcular lo que le supone a una parte procesal tener que sufragar los gastos de interpretación en un procedimiento. El resultado le sorprenderá a más de uno porque en comparación con la minuta del abogado y del procurador la factura del intérprete es el chocolate del loro.

El 23 de mayo celebramos en Madrid la IV Jornada de Terminología y Traducción Institucional y en cuyo marco se presentó el «Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional». Se trata de un trabajo conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), la Comisión Europea, Dirección General de Traducción y Representación de la Comisión Europea en España, la Red de Intérpretes y Traductores de la Administración Pública (RITAP) y la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ). El Libro es, sin duda alguna, de lectura obligatoria ya que viene a ofrecernos una radiografía de la situación actual del mundo de la traducción e interpretación institucional. Y lo cierto es que la situación es, cuando menos, preocupante a la luz de lo que se puede observar en el libro.

Para muestra un botón. Según una encuesta que se ha realizado entre los traductores que trabajan para los Ministerios de Justicia, Interior, Asuntos Exteriores, Presidencia, Defensa, Gobierno Vasco y Cortes resulta que dichos traductores disponen para su trabajo de los siguientes medios:

3. Medios de que dispone para su trabajo

—Diccionarios en papel: 103

—Ordenador

Propio: 83 Compartido: 33 No: 20

—Diccionarios en formato electrónico: 32

—Acceso a Internet:

Limitado: 78 Ilimitado: 15 No: 43

—Programas de traducción asistida: 10

Inverosímil pero cierto. Corre el año 2011 y de 136 traductores 43 no disponen de acceso a Internet y 78 sólo de forma limitada. 15 traductores pueden considerarse unos auténticos privilegiados y han tenido la fortuna de haber aterrizado en el siglo XXI. Asombrado de tamaña hazaña uno de los posteriores ponentes, un funcionario europeo de la Dirección General de Traducción, le preguntó a los asistentes «¿Y qué es lo que hace un traductor sin Internet para consultar dudas si su diccionario no le resuelve la cuestión?» Respuesta de un asistente entre el público (y mártir de la causa): «Lo miro por la noche en casa y me llevo la respuesta al día siguiente al trabajo». Me quedé entre estupefacto e impertérrito.

El Libro Blanco presenta ocho capítulos y cinco anexos. La presentación corre a cargo de Erik Camayd Freixas, Catedrático de Estudios Hispánicos y director del programa de Traducción e Interpretación en la Florida International University de Miami.

Índice

Presentación

I. Introducción

II. Marco jurídico de la Traducción e Interpretación institucional

III. Traducción, interpretación y actividades afines en la Administración española: aproximación a un catálogo profesional.

IV. Datos de los cuestionarios

V. Situación de traductores e intérpretes

VI. Propuestas de reforma

VII. Un modelo de gestión ajustado a los principios de la Directiva 2010/64/UE

VIII. Código deontológico y de buenas prácticas

ANEXOS

1. Contribuciones de asociaciones

2. Recursos documentales y terminológicos

3. Conclusiones del Foro de Reflexión

4. Oferta de Formación – Red Comunica

5. Revista de prensa

El Libro Blanco es público y se puede consultar en la web de la Comisión Europea (pinchar aquí).