1. El Derecho Comunitario forma parte de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. No es algo etéreo que flota por Bruselas encima del edificio Justus Lipsius, sino que tenemos unas normas que afectan ineludiblemente a todos los países de la Unión Europea. Al igual que nos incumbe observar las leyes españolas estamos sujetos a las normas comunitarias.
2. En el día a día (y simplificando mucho) el punto 1. se articula a través de diferentes textos legales y mecanismos pero que cuentan con un denominador común. Así resulta que aquello que procede de Bruselas lo suele hacer por vía directa o indirecta. Si la norma comunitaria es de aplicación directa el propio texto comunitario nos obliga a todos tal cual y sin mayor requisito. Si es indirecto significa que la norma comunitaria da un rodeo para afectar nuestras leyes nacionales. En este caso la norma comunitaria incide en nuestra vida cotidiana a través de nuestras propias leyes actuales o futuras.
3. Lo habitual es que el común de los ciudadanos tenga que lidiar con dos normas: el reglamento (norma directa) y la directiva (norma indirecta).

a) El reglamento comunitario es el equivalente a ley nacional en España. Se trata de una norma comunitaria directa, de alcance general y obligatoria en todos sus elementos. En consecuencia, se aplica seguidamente en cada Estado miembro y sin necesidad de ningún requisito adicional. Invocar un reglamento comunitario es cómo acogerse a cualquier texto legal español. Un ejemplo ilustrativo sería el Reglamento (CE) 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. Llegado el momento no necesitamos acudir a ninguna ley nacional para reclamar la correspondiente indemnización sino que podemos invocar directamente el reglamento. Y además en cualquier Estado de la Unión Europea. Esa característica hace que los reglamentos comunitarios sean magníficos porque su aplicación directa implica que son iguales para y en cada uno de todos los Estados miembros.

b) La directiva opera de modo diferente. En este supuesto la norma obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe de conseguir y deja en manos de las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Dicho de manera sencilla «Te marcamos la meta, pero dejamos a tu elección y criterio cómo llegar hasta ella». Es aquí donde se sitúa lo que se conoce como transposición: la incorporación de las directivas al ordenamiento interno nacional. Ello requiere de un acto por parte del Estado miembro para incorporar a sus leyes la meta que la directiva le marca (lo cual es de estricta lógica porque algo tendrá que hacer el Estado miembro para incorporar lo que la directiva le plantea). Esto funciona, por ejemplo, mediante la promulgación de la oportuna ley nacional o modificando las leyes existentes. Un ejemplo reciente lo tenemos con la Ley 25/2009 y la Ley 17/2009 comúnmente conocidas como Ley Ómnibus y Ley Paraguas. Ambas leyes no hacen otra cosa que transponer directivas de la Unión Europea. La Unión Europea marcó la meta y el Estado español promulgó posteriormente las leyes para cumplir con su compromiso.

Teniendo presente estos puntos retornamos a la traducción jurídica y entra en juego EUR-Lex. La búsqueda y comparación de términos con EUR-Lex es simplísima ya que EUR-Lex nos permite dividir la pantalla y obtener una visualización bilingüe de dos textos en cualquier combinación lingüística. Dicho aspecto es desconocido por muchos y convierte la comparación de textos legales con EUR-Lex en algo soberbio:

a) Reglamentos

En lo que concierne a los reglamentos es obvio y no necesita de muchas explicaciones exhaustivas y extenuantes. Dado que un reglamento es idéntico para todos los Estados miembros podemos ir sin mayor problema a la captura de términos que ya están traducidos. Existen todo tipo de reglamentos que nos pueden ser de utilidad como, por ejemplo, el Reglamento (CE) 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental que constituye una excelente opción para la traducción de sentencias matrimoniales. Abrimos el reglamento, hacemos uso de la opción visualización bilingüe y ya tenemos todo listo para ir comparando términos.

b) Directivas

Ya he reseñado que las directivas operan de un modo heterogéneo, pero no por ello son menos interesantes si reparamos en que los legisladores nacionales no siempre se complican su existencia. En muchas ocasiones los Estados miembros copian literalmente el contenido de las directivas insertando el texto comunitario en sus leyes nacionales. Resulta reconfortante comprobar como a la hora de la transposición muchas leyes españolas reproducen casi palabra por palabra el contenido de la directiva en cuestión. Y he aquí el punto en el que colocar la palanca aristotélica: porque nuestro trabajo puede resultar sencillo si sabemos que una ley nacional procede de una directiva comunitaria y eso ocurre con mucha más frecuencia de la que algunos piensan. Conociendo ese dato ya tenemos construido el puente que necesitamos para encontrar esos términos que nos desafían.

Para entender el uso de EUR-Lex maniobrando con directivas vamos a finalizar con un ejemplo ilustrativo. Supongamos que nos han encargado una traducción que versa sobre morosidad, intereses de demora, costes de cobro y un largo etcétera de conceptos de esa índole. Además, para mayor fastidio, se hace constantemente referencia a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La traducción es inversa y nos está costando sudor y lágrimas dar con los términos correctos.

Sin embargo, la Ley 3/2004 no es un invento español, sino que tenemos ante nosotros una norma que transpuso a nuestro ordenamiento la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No todos los artículos se han transcrito literalmente, algunos sí que son cosecha nacional, pero existe un alto grado de coincidencia. En todo caso, los conceptos principales se presentan traducidos. Abrimos EUR-Lex y buscamos la Directiva 2000/35/CE en español. Pinchamos en el resultado y observamos que en el encabezamiento aparece la opción de visualización bilingüe. Elegimos el segundo idioma y en pantalla emerge el texto de la directiva en dos idiomas. A pedir de boca, ¿verdad?

En la primera mesa redonda y bajo el título «Caminando juntos hacia una nueva profesión: la del traductor/intérprete judicial» contaremos con la asistencia de Pilar de Luna Jiménez de Parga, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal 29 de Madrid y autora del informe remitido a la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia que tanto revuelo ha causado (véase la entrada Informe de la Magistrada Pilar de Luna Jiménez de Parga). Digo contaremos, dado que yo mismo estaré en la mesa en sustitución de Sonsoles Plaza y como representante de la APTIJ.

Por mi parte tengo que decir que me apetece conocer a Pilar de Luna Jiménez de Parga y escuchar de su boca lo que denuncia en su informe. Los hechos no resultan realmente un descubrimiento (las asociaciones lo llevamos manifestando hace ya bastante tiempo), pero dada la repercusión mediática  del informe la cita promete.

El programa al completo es el siguiente:

PROGRAMA

09:00-09:30: RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

Lugar: Facultad e Filosofía y Letras.

10:00-14:00 Mesa redonda I: Caminando juntos hacia una nueva profesión: la del traductor/intérprete judicial

Presenta: Carmen Valero (UAH)

Participan: Luis González (CE), Endika Zulueta (abogado), Mª Dolores Ortigosa (Intérprete MIR), Hassan Handi (Intérprete OAR), Hassan Saharaui (Intérprete Ministerio Justicia), Sarah Quijano (ASETRAD), Fernando A. Gascón Nasarre (APTIJ).

16:00 -18:00 Mesa redonda II: ¿Cómo nos comunicamos en la primera década del siglo XXI en hospitales y centros de salud?

Presenta: Raquel Lázaro Gutiérrez (UAH)

Participan: Representantes de Madrid Salud, de JCCM- SESCAM, del Servicio de Mediación – Hospital Ramón y Cajal y del Grupo FITISPos- UAH.

Lugar: Universidad Cisneriana- UAH- Sala Internacional

18:00- 20:00 Entrega de diplomas y clausura

- Homenaje a la palabra: En el año europeo contra la pobreza lectura de un texto en varias lenguas contra la pobreza y el entendimiento

- Acto de entrega de diplomas a los alumnos del MÁSTER UNIVERSITARIO EUROPEO EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS y de la 8ª edición de la Acción Formativa en TISP, Curso 2009-2010.

- Preside Don Fernando Galván Reula, Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá

- Lugar: Paraninfo Universidad de Alcalá

20:00 Vino de honor

Para más información:

aula.traduccion@uah.es

traducción.sspp@uah.es

http://www2.uah.es/traduccion

Una de las versiones de la directiva propuesta se puede consultar aquí (se trata de un mero borrador y sufrirá todavía todo tipo de cambios, tal y como se puede  apreciar en PreLex), consta de nueve artículos y establece un derecho a interpretación, incluido el de la comunicación entre el sospechoso o acusado y su consejero jurídico (sic) y un derecho a obtener los documentos esenciales del procedimiento penal traducidos.

Muy interesante se presenta el artículo 5, según el cual «Los Estados miembros tomarán medidas concretas para garantizar que la interpretación y la traducción facilitadas sean de buena calidad». Lo cual me conduce al artículo 4 que establece que «Los Estados miembros deberán sufragar los costes de traducción e interpretación […], con independencia del resultado del procedimiento». Calidad, excelencia en la traducción. Estos dos artículos dan para una tesis doctoral.  Suena espléndido, pero será una meta difícil de alcanzar si no modificamos la retribución de los intérpretes. Porque por mucho que enmendemos las condiciones de acceso y las leyes procesales pongo en duda que un intérprete profesional titulado acuda a trabajar por 11,00 EUR o por 14,00 EUR la hora. Veremos en qué queda el texto final. Continuará…

1. El IATE. Poco hay que decir acerca del IATE. La base terminológica de la UE es todo un clásico que cubre las 23 lenguas oficiales de la UE. En la actualidad incorpora más de 1.4 millones de entradas multilingües, 8.4 millones de términos, 540.000 abreviaturas y 130.000 frases. Se trata de la fusión de las antiguas tres bases EURODICAUTOM (Comisión Europea), EUTERPE (Parlamento Europeo) y TIS (Consejo).

2. La memoria de traducción de la Dirección General de Traducción (DGT) y el corpus JRC-AQUIS. Imagino que no hace falta que me ponga a disertar acerca de lo que es una memoria de traducción o un corpus lingüístico. Ambos cubren 22 lenguas oficiales de la Unión Europea.

3. EUROVOC. El tesauro plurilingüe EUROVOC arropa 22 lenguas oficiales de la Unión Europea y, de forma adicional, se han realizado por iniciativa de la Diputación Foral de Vizcaya y diferentes parlamentos nacionales versiones en euskera, albanés, ruso y ucraniano.

4. El VADEMECUM del traductor externo. Incluye listas de topónimos, una bolsa de nombres propios, glosarios de terminología o la estructura básica de los actos jurídicos.

5. Libro de estilo interinstitucional: siglas y acrónimos. Para no perderse entre las siglas y abreviaturas de los textos comunitarios.

Internet sigue siendo mirífica y no quiero ni imaginarme cómo tuvo que ser la vida del traductor hace no tanto.

En la presentación participa la Dirección General de Traducción (DGT) de la Comisión Europea y la Red de Traductores e Intérpretes de la Administración que coordina la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (que, a su vez, cuenta con la colaboración de APTIJ):

El aumento de los intercambios económicos y de las migraciones implica una demanda creciente de traducción e interpretación públicas. La Administración, desde que se fundara la Oficina de Interpretación de Lenguas en tiempos de Carlos V, necesita de la labor diaria de los traductores e intérpretes. En el ámbito judicial el derecho a la traducción y a la interpretación está reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) como un servicio gratuito al que ha de tener acceso todo encausado que no comprenda la lengua de procedimiento. El pasado 9 de marzo se presentó la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. En este sentido, se acaba de crear una Asociación Europea de Traductores e Intérpretes Jurídicos (European Union Legal Interpreters and Translators Association – EULITA).

La situación de la traducción y la interpretación institucional en España es compleja y manifiestamente mejorable. Las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación han sacado a la luz situaciones de precariedad y abusos intolerables en la prestación de estos servicios. Las propias administraciones y organismos públicos son quienes mejor deberían conocer la labor de los traductores e intérpretes a los que recurren para garantizar unos servicios de traducción e interpretación de calidad. El Libro Blanco pretende ser un documento de información y análisis para entender la realidad de la traducción y la interpretación institucional en España y poder contribuir a su mejora.

Para reclamaciones de menor cuantía – hasta un límite de 250.000 EUR (hasta el 4 de mayo de 2010 la cuantía se situaba en 30.000 EUR, pero ha sido modificada con la implantación de la nueva Oficina Judicial y consiguiente reforma de la LEC) – existe el llamado Proceso Monitorio que viene a cubrir la mayoría de los supuestos de facturas impagadas . Es un procedimiento sencillo que no requiere de abogado y procurador y en el juzgado se proporcionan incluso formularios estándar para facilitar la labor. La idea es la siguiente: existen deudas e impagos que saltan a la vista y que no requieren de mayor discusión. Una factura impagada suele ser en muchas ocasiones incontrovertible. Se ha prestado un servicio o se ha vendido un producto y el cliente no ha pagado incumpliendo la obligación que le incumbe. Poco más hay que añadir por lo que carece de sentido celebrar vistas. Y aquí es donde entra en acción el Monitorio. El Monitorio no es una demanda en el sentido clásico del concepto, sino un requerimiento de pago que se realiza a través del juzgado y que puede conllevar determinadas consecuencias. Funciona así:

Presentamos nuestra petición inicial, para la cual no se requiere ni abogado o procurador. El lugar para ello suele ser el juzgado de Primera instancia del domicilio del deudor. El juzgado le traslada al deudor nuestra reclamación y le indica que dispone de 20 días para pagar la cuantía reclamada o para oponerse a la petición. Y ahora pueden ocurrir tres cosas:

1. El demandado paga y asunto zanjado.
2. El demandado no dice nada. En tal caso se aplica el viejo dicho «Quien calla, otorga» o para los más puristas el aforismo «Qui tacet consentire videtur». Se entiende que el deudor está de acuerdo con la petición y se dicta un auto judicial en base al cual podemos pasar a ejecutar bienes, es decir, buscar y embargar los bienes del deudor para satisfacer la deuda.
3. El demandado contesta y se opone a la petición. Dado que eso supone una clara discrepancia con nuestra deuda reclamada tenemos que acudir al lugar adecuado para discutirla. El Monitorio se convierte ahora en un juicio normal y corriente con una vista oral para que un juez decida nuestro asunto y dicte una sentencia.

• Si la cuantía reclamada es menor de 6.000 EUR (antes de la reforma de la LEC 3.000 EUR) el Monitorio se convierte en un llamado Juicio Verbal y el juzgado convoca directamente a las partes para la celebración del juicio señalando la fecha.
• Si la cuantía reclamada supera los 6.000 EUR (antes de la reforma de la LEC 3.000 EUR) el Monitorio se convierte en un Juicio Ordinario y se nos dará un mes de plazo para interponer la demanda. Si finalmente decidimos no seguir adelante con la reclamación se nos puede condenar en costas.

Ahora bien, aunque esto parezca sencillo se debe de tener una cierta prudencia con el Monitorio y, de hecho, ya he visto a algunos traductores que se han lanzado a interponer Monitorios ellos solitos sin la ayuda de nadie. Luego se las han tenido que ver con una serie de dificultades y de gastos inesperados. Cuestiones a tener en cuenta:

1. No se requiere ni abogado ni procurador para el inicio del procedimiento. Cierto. Eso es muy loable de cara al ciudadano, pero si el demandado se opone tendremos que celebrar, probablemente, un juicio. Para un Juicio Ordinario esto es optativo y aún podremos decidir qué hacer (tenemos un mes para ello) y, además, es obligatorio abogado y procurador. Pero en el Juicio Verbal la vista se convoca directamente y peligro a la vista. Téngase en cuenta que en un Juicio Verbal no es obligatoria la asistencia e intervención de abogado y procurador hasta una cuantía de 900,00 EUR. Dicho de otro modo: hasta que la cuantía reclamada no alcanza esos 900,00 EUR cualquier persona puede defender su propio asunto ante un juez. Si el día de la vista acudimos sin abogado se sentirá mucho, pero no se detendrá el juicio. Atención con esto: meterse en juicios sin la asistencia de un abogado, aunque la ley no obligue a ello, es definitivamente desaconsejable. Porque si la parte contraria acude con su letrado (suele ser lo habitual) no sabremos ni por dónde empezar o cómo reaccionar (por ejemplo si nos impugnan las pruebas).
2. Si acudimos a juicio con abogado y procurador sin que sea obligatorio nadie nos reembolsará los gastos y puede resultar que nos cueste más el collar que el perro. Existe una excepción a dicha regla si tenemos nuestro domicilio en una localidad distinta a la del juzgado.
3. Si la cuantía reclamada supera los 6.000,00 EUR (Juicio Ordinario) necesitaremos en todo caso abogado y procurador. Cabe que desistamos y que dejemos pasar el mes de tiempo para interponer la demanda pero, en tal caso, nos pueden imponer las costas que se le puedan haber causado al deudor. Si decidimos ir a juicio es conveniente pedir de antemano un presupuesto. Los importes pequeños pueden resultar casi antieconómicos en función de cómo se pronuncie el juzgado en relación a la condena en costas.
4. En el mejor de los casos pasamos a la ejecución. Sin embargo, aunque la LEC dice que se dictará auto despachando ejecución no significa que el juzgado vaya a indagar automáticamente en el patrimonio del deudor. Para eso se debe de interponer una Demanda Ejecutiva para la cual necesitaremos, en un principio, abogado y procurador. Si la ejecución deriva de un Monitorio en el que no hubo oposición y la cuantía reclamada no supera los 900,00 EUR podemos actuar por nuestra cuenta y sin la necesidad de que el asunto esté dirigido por un letrado y que nos represente un procurador. Pero desenvolverse en un juzgado sin un mínimo de conocimiento y experiencia sigue siendo una insensatez.

En definitiva, vemos que la automedicación no está indicada para todos los casos. Los procesos judiciales pueden llegar a ser complejos y pueden deparar sorpresas. Con esto no quiero decir que no sea posible y que pueda dar sus frutos, pero es preciso saber y conocer de antemano el jardín en el que nos metemos. Lamentarse luego no vale.

Y esto es todo por hoy. En una de las próximas entregas entraremos en el terreno del Monitorio Europeo: reclamando cuantías a lo largo y ancho de la Unión Europea desde casa.

Actualización a 4 de mayo de 2.010

La entrada es de fecha 24 de marzo pero la he actualizado dada la implantación de la nueva Oficina Judicial y consiguiente reforma de la LEC.  Se han modificado, entre otras cuestiones, las cuantías de los procedimientos. La diferencia entre un Juicio Verbal y un Juicio Ordinario se sitúa ahora en los 6.000,00 EUR (antes de la reforma eran 3.000,00 EUR). Además se ha ampliado la cuantía que se puede reclamar mediante el Monitorio. A partir de ahora podemos hacer uso del Monitorio para reclamaciones de hasta 250.000,00 EUR.

¿Y los colegios de abogados no tienen nada que aportar o que manifestar?  ¿Qué hay del derecho a la defensa? ¿Cómo se pretende defender a nadie ante un tribunal en estas circunstancias?

Lo dije el otro día en uno de los comentarios, pero lo vuelvo a reiterar aquí. Espero, sinceramente, que no tengamos que llegar a ver un caso similar como el de Igbar Begum (R. v Iqbal Begum (1991) 93 Criminal appeal Reports 96) para entender lo que un buen intérprete significa en juicio. El caso Begum fue el desencadenante para la creación del NRPSI (National Register of Public Service Interpreters) en el Reino Unido:

In 1981 Iqbal Begum was sent to prison for murdering her husband, after years of domestic violence. An interpreter was engaged for the trial, but he was not trained for the job. He was a professional accountant. They did not speak the same dialect. She did not understand a word of her trial, but nobody realised. She was released on appeal in 1985, but by then her family had disowned her because of the disgrace. Some years later, desperate, she took her own life.

El grupo lo integran: Isabel Abril Martí (profesora de la FTI, Universidad de Granada), Icíar Alonso Araguás, (profesora de la Universidad de Salamanca), Marta Arumí Ribas (profesora de interpretación de la Universitat Autónoma de Barcelona), Jesús Baigorri Jalón (profesor de la Universidad de Salamanca), Ana Isabel Foulquié Rubio (profesora de Interpretación de la Universidad de Murcia), Catalina Iliescu Gheorghiu, (profesora de Interpretación la Universidad de Alicante), Anne Martin, (profesora de Interpretación de la Universidad de Granada), Juan Miguel Ortega Herráez (profesor de la Universidad de Alicante), Almudena Nevado Llopis (profesora y directora del Grado en Traducción y Comunicación Intercultural de la Universidad San Jorge de Zaragoza), Maribel del Pozo Triviño (profesora de Interpretación en la Universidad de Vigo), Dora Sales Salvador (profesora de la Universidad Jaume I de Castellón), Carmen Toledano Buendía (profesora de la Universidad de La Laguna), Xus Ugarte Ballester (profesora de Interpretación de la Universitat de Vic) y Carmen Valero Garcés (profesora de la Universidad de Alcalá).

Red COMUNICA

(Observatorio Permanente de la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos en España)

Madrid, 13 de febrero de 2010.

NOTA DE PRENSA

La red COMUNICA hace un llamamiento a la reflexión de las administraciones públicas sobre la actual situación de la interpretación judicial en España.

Con relación a las noticias aparecidas en los últimos días en los medios de comunicación relativas a la falta de garantías procesales en los procedimientos judiciales mediados por intérprete que se vienen siguiendo en la Comunidad de Madrid debido a la mala calidad del servicio prestado por la empresa responsable de la provisión de traductores e intérpretes, los abajo firmantes, todos ellos profesionales y profesores universitarios agrupados en la red COMUNICA, quieren hacer constar lo siguiente:

• Que coinciden plenamente con las denuncias planteadas por la magistrada Pilar de Luna Jiménez de Parga, titular del Juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid y por la Asociación Jueces para la Democracia, en todo lo relativo a la indefensión que puede ocasionar a un acusado que no hable la lengua del tribunal el hecho de no contar con los servicios de un intérprete debidamente cualificado y que realice su trabajo conforme a criterios de calidad profesional.

• Que, lamentablemente, la situación descrita por la citada magistrada no es exclusiva de la Comunidad de Madrid. Tanto el Ministerio de Justicia como otras comunidades autónomas con competencias en la materia, así como el propio Ministerio del Interior, han optado por subcontratar los servicios de traducción e interpretación judicial y policial a empresas privadas y muy a menudo no parecen llevar a cabo el oportuno control de calidad de los mismos que cabría esperar, habida cuenta de que lo que está en juego es el derecho a la tutela judicial efectiva, la no indefensión e incluso la propia seguridad del Estado.

• Que, desafortunadamente, en la prestación de este tipo de servicios parecen primar únicamente criterios de rentabilidad económica, tanto por parte de la Administración como de las empresas subcontratadas, frente a criterios fundamentales como cualificación y acreditación profesional de los intérpretes, desempeño laboral conforme a la ética profesional, etc. y no sería, por lo tanto, descabellado afirmar que situaciones como las descritas en Madrid se podrían producir en otros juzgados, tribunales o dependencias policiales del territorio nacional.

• Que no es la primera vez que se llama la atención sobre estas cuestiones, ya que son numerosos los trabajos científicos, intervenciones en congresos especializados, etc. en los que se han puesto de manifiesto las deficiencias existentes en todo lo relativo a la gestión que la administración española hace de la práctica de la traducción y de la interpretación en el ámbito judicial y policial. Lamentablemente estos problemas no se limitarían únicamente a las empresas adjudicatarias, sino que se extenderían a los cuestionables procedimientos que sigue la Administración en la selección y contratación de traductores e intérpretes en plantilla que desempeñan su trabajo en juzgados y dependencias judiciales, su inadecuado encuadramiento laboral, etc., con las repercusiones que todo ello puede acarrear para la correcta salvaguardia de las garantías procesales.

Por todo ello, desde COMUNICA hacemos un llamamiento a la reflexión de los responsables de nuestras administraciones estatal y autonómicas en torno a las condiciones en que actualmente se prestan los servicios de traducción e interpretación en el marco de procedimientos penales de carácter multicultural y multilingüístico. Además, en nuestra condición de formadores de traductores e intérpretes y de investigadores en el campo de la interpretación en los servicios públicos nos ofrecemos a poner nuestros conocimientos y asesoramiento especializados a disposición de quien corresponda.

De momento me voy a limitar a recolectar las diferentes noticias que se han ido publicando en los últimos días y que, por fin, van abriéndose un hueco en los grandes medios de comunicación. Porque la problemática no es desconocida y tampoco reciente. Por cierto, ¿dónde está el CGAE?

Seprotec se defiende del informe de De Luna asegurando que presta sus servicios “con toda normalidad” en Madrid

Desmiente que la Comunidad haya rescindido su contrato y esgrime su presencia internacional y acreditaciones para negar las acusaciones

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Seprotec Multilingual Solutions se defendió hoy mediante un comunicado del informe hecho público esta semana por la  magistrada Pilar de Luna Jiménez de Parga, titular del Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, asegurando que presta sus servicios “con total normalidad” en la Comunidad de Madrid y que el Ejecutivo regional no ha rescindido su contrato.

El documento de la juez señala incumplimientos por parte de la compañía en la prestación de los servicios de traducción e interpretación jurada para los servicios judiciales de la Comunidad de Madrid, mencionando varios casos en los que los intérpretes enviados por Seprotec no hablaban ni siquiera el idioma de la persona a la que tenían que interpretar.

Ante estas acusaciones, Seprotec recordó que es la concesionaria del servicio madrileño desde enero de 2007, y que durante el año pasado recibió sólo “20 partes de incidencia de las 5.927 interpretaciones realizadas”, lo que supone un 0,3 por ciento del volumen global.

Además, desmintió que el Ejecutivo autonómico haya rescindido el contrato, y aseguró que “los servicios de traducción e interpretación consecutiva y otros de similar contenido se prestan con toda normalidad para los Juzgados de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades autónomas, así como en otros países europeos o en Estados Unidos”.

A continuación, la empresa esgrime tanto sus acreditaciones –AENOR en la UNE-EN ISO 15038:2006 para servicios de traducción y la UNE-EN ISO 9001:2008 en sistemas de calidad, entre otras– para respaldar su credibilidad, y señaló que en 2009 accedió al ranking de la Common Sense Advisory como una de las 30 empresas del sector más importantes del mundo tanto por su cifra de negocio, superior a 20 millones de dólares, como por la calidad de sus servicios, convirtiéndose así en la primera empresa española en formar parte de este grupo selecto de compañías de traducción e interpretación.

“Actualmente, Seprotec está presente en seis países –España, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y China–, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y una plantilla que supera los 460 trabajadores. Además, tiene el respaldo y la confianza de más de 1.200 clientes en todo el mundo”, afirmaron en el comunicado.

Para concluir, la empresa reconoce que “desconoce la finalidad de las declaraciones vertidas a los medios de comunicación” y considera que son “totalmente ajenas a la actividad real de la empresa” y que tienen “el objetivo de dañar tanto la imagen de sus trabajadores como la de la propia empresa”.