ASETRAD

Para los profesionales y el eterno asunto de las tarifas que se cobran por una interpretación judicial he incluido un pequeño cálculo para comparar lo que significan los honorarios de un intérprete en comparación con los demás profesionales que intervienen en juicio. Sospecho que más de uno se llevará una pequeña sorpresa.

La capacidad de la mente humana en inventarse cosas inexistentes es francamente sorprendente. Porque la ley no dice nada acerca de un sello del Ministerio de Asuntos Exteriores o de otras tantas cosas que hemos ido escuchando a lo largo de los últimos años y que se nos piden de forma aleatoria y arbitraria. Así que vamos a ver si aclaramos este asunto.

La norma que regula a los traductores-intérpretes jurados es el Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El traductor-intérprete jurado no adquiere con su nombramiento la condición de funcionario público pero eso no es obstáculo para que sus traducciones tengan carácter oficial con validez en todo el territorio nacional. Para ello únicamente tiene que certificar con su firma y sello su actuación conforme a lo señalado por la correspondiente norma legal. Es decir, que no se requiere ninguna intervención adicional de nadie. Y eso es lo que viene a decir el artículo 6 del Reglamento de la OIL:

Artículo 6. Traducciones e interpretaciones juradas

1. Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones cuando así lo soliciten las autoridades competentes.

2. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as podrán certificar con su firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones, empleando la fórmula que a tal efecto se dicte en la orden de desarrollo del presente Real Decreto. En esta orden se indicará, asimismo, la forma y contenido exacto del sello.

Obsérvese como el artículo 6 habla de certificar con su firma y sello y no que el Ministerio de Asuntos Exteriores tenga que dar adicionalmente el visto bueno (tal y como decía nuestro funcionario estrella al inicio). Por lo tanto, no se requiere legitimar la firma del traductor-intérprete jurado o ponerle a la traducción jurada un lazo de color azul.

Para darle un poco más de fuerza a lo indicado, que en mi opinión es de puro sentido común, voy a hacer una breve referencia a lo que señaló en su día la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN). Que una cosa es que lo diga yo y otra muy diferente que lo haga la DGRN. Pero vayamos al grano. La DGRN tuvo que pronunciarse en un asunto idéntico al de nuestro funcionario ilustrado aclarando lo que acabo de explicar. Corría el año 2002 y el Registro de la Propiedad de Alicante se negó a inscribir una escritura de préstamo hipotecario ya que, entre otras cosas, no se había legitimado la firma del traductor jurado. La DGRN revocó la nota del Registrador y precisó que no era necesario legitimar la firma del traductor-intérprete jurado en una traducción, firmada y sellada por el mismo, si se ha justificado su condición:

«1. La primera cuestión que se plantea en el presente recurso es la necesidad o no de legitimación de la firma de traductor jurado en una documentación por él redactada y que se presenta en el Registro. A la necesidad de traducción de documentos en idioma extranjero se refiere el artículo 37 del Reglamento Hipotecario determinando que la traducción sea realizada por la Oficina de interpretación de lenguas o por funcionarios competentes autorizados en virtud de leyes o convenios internacionales o en su caso por un Notario, pudiendo el Registrador prescindir bajo su responsabilidad de la traducción cuando conozca el idioma de que se trate. Tratándose de traductores con titulación oficial en España, el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores se refiere a los intérpretes jurados; conforme al artículo 13 de dicho Reglamento la traducción realizada por éstos tiene carácter oficial, determinando que los mismos certificarán con su firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones. En el presente caso aparece el documento firmado y sellado, y además se ha justificado mediante el traslado de la resolución administrativa pertinente la condición de intérprete jurado de la persona que firma el documento. Por ello ha de entenderse justificada la condición oficial de la traducción y la persona que la realiza. Procede pues estimar el recurso en este punto.»

(Resolución de 4 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado)

En palabras sencillas: es suficiente con la firma y el sello del traductor-intérprete jurado.

Dos últimos apuntes en relación con la resolución de la DGRN: El antiguo artículo 13 del Reglamento de la OIL es ahora el artículo 6 y el tener que justificar la condición del intérprete jurado es un punto del que en la actualidad podemos, al menos en el día a día de una gestión ordinaria cualquiera, prescindir. La lista de los traductores-intérpretes que consta en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores no sólo es pública sino que recoge a todos los traductores-intérpretes jurados nombrados por el Ministerio. Si se quiere comprobar el nombramiento de un traductor-intérprete jurado es tan sencillo como consultar la lista.

¡Feliz 2012!

• Revised Tex of the General Law for the Protection of Consumers and Users (Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios)

• Act 54/2007, dated 28 th december on Inercountry Adoption (Ley de Adopción Internacional)

• Refonte de la Loi Générale Concernant la Protection des Consommateurs et des Utilisateurs (Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios)

• Loi nº 54 du 28 décembre 2007 sur L´Adoption Internacionale (Adopción Internacional)

Además, los nuevos textos son, en esta ocasión, meras traducciones jurídicas ya que han dejado de indicar que se trata de traducciones juradas (un punto que había criticado en reiteradas ocasiones). Interesante, a ver si ahora va a resultar que en el MJU leen El Gascón Jurado

Inglés:

• Act on the Jurisdiction for Judicial Review
• Labour Procedure Act
• Criminal Code
• Constitucional Act on Personal Data Protection
• Royal Decree approving the regulations relating to Constitucional Act on Personal Data Protection

Francés:

• Loi de Procédure en Matière de Travail
• Code Pénal
• Loi Organique relative à la Protection des Données à Caractère Personnel
• Décret Royal portant aprobation du Règlement d´aplication de la Loi Organique relative à la Protection des Données à Caractére Personnel

Por lo demás, acabo de detectar el mismo error que en los anteriores textos. Algunas traducciones indican que se trataría de traducciones juradas que, sin embargo, han sido realizadas por una sociedad anónima (cosa francamente difícil).

El artículo aparece publicado en Interviú y su título reza: Varios traductores policiales han sido detenidos. Privatizados y mal pagados, han sido acusados de fraudes, secuestros y tráfico de drogas (enlace a la noticia).

No está nada mal cuando se lee que uno de los intérpretes traficaba con cocaína y otro le quiso comprar la mercancía a los estafadores que investigaba.

Ahora bien, esto es lo que se denomina business as usual y ni mucho menos nada nuevo. Todo es cuestión de tirar de la hemeroteca:

• El País (16.03.2008): Interrogados 40 policías de Málaga por corrupción. Dos intérpretes fueron arrestadas, una de ellas acusada de vender información (enlace a la noticia).

• El Mundo (22.03.2008): La falta de traductores impide a la juez de Fontcalent comunicarse con reos extranjeros (enlace a la noticia).

• 20 minutos (09.03.2009): Condenan a tres traductores de la Policía por amañar la nacionalidad de los inmigrantes (enlace a la noticia).

• El Economista y El Mundo (16.07.2009): Asimismo, la Policía Nacional ha detenido a dos personas que realizaban labores de traducción jurada en juzgados y comisarías de Cataluña y que estaban vinculados con los máximos responsables de la organización desarticulada (enlace a la noticia).

Desde mi punto de vista considero la actual situación indignante, absolutamente vergonzosa e impropia de un país europeo del siglo XXI y nada menos que miembro de la Unión Europea. Pero incluso resulta todavía más bochornoso si tenemos en cuenta que el contexto es una consecuencia directa de la acción y omisión del propio Estado español que nos ha conducido este resultado por vía de las subcontratas, la falta de controles y una ausencia de unos requisitos mínimos para los intérpretes judiciales y policiales. Pero ya se sabe: Spain es different.

Más detalles de todo este embrollo y, en particular, de los intérpretes judiciales en uno de los próximos números de la revista de Asetrad «La linterna del Traductor».

Y dicho lo que antecede desde la APTIJ venimos a saldar dicha situación lanzando el IV Curso APTIJ de «Actualización sobre ordenamientos jurídicos del mundo árabe para traductores e intérpretes».

Serán 15 horas a cargo de Don Manuel Carmelo Feria García, profesor de la Universidad de Granada en la Facultad de Traducción e Interpretación. Doctor en Traducción e Interpretación, Traductor-Intérprete Jurado de Lengua Árabe por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y autor y coordinador de una decena de monografías científicas y una veintena de artículos en torno al Derecho en Marruecos y la traducción y la interpretación del árabe.

Desde mi punto de vista un curso muy especial que no se llega a ver todos los días.

Fecha y lugar de celebración:

El curso tendrá lugar en las instalaciones del Ilustre Colegio de Licenciados y Doctores en Filosofía y Ciencias de la Comunidad de Madrid, sito en la C/ Fuencarral, 101, Madrid (Metro Bilbao, Tribunal) y curso en las fechas y horarios que se indican a continuación:

Viernes, 18 de noviembre de 2011: 15:00-20:00

Sábado, 19 de noviembre de 2011: 09:00-14:00

Domingo, 20 de noviembre de 2011: 09:00-14:00

Número de plazas: 50.

Para más información sólo hay que pinchar en el siguiente enlace.

Los diez mandamientos de la traducción de topónimos en la UE

1. Tener siempre presente la «Lista de Estados y territorios», incluida en el Libro de estilo interinstitucional y, por tanto, de obligado cumplimiento para traductores, correctores, revisores y terminólogos de los servicios de todas las instituciones y órganos de la ue.
2. Estar al corriente de la evolución política general; tener el reflejo de no cambiar de forma automática un topónimo desconocido que pueda reflejar un cambio político que debe tenerse en cuenta. En tal caso, dar cuenta de tal modificación a los corresponsales de la institución ante el Grupo Interinstitucional de Toponimia.
3. Saber distinguir entre los documentos protocolarios y los textos de divulgación: un acuerdo pesquero puede exigir la forma «Côte d’Ivoire», mientras que en un folleto destinado al gran público la forma «Corea del Norte» es mucho más explícita que «la r.p.d. de Corea».
4. Ante un topónimo desconocido, no tener ningún miedo a consultar los atlas y las enciclopedias que haga falta: primero es la geografía, y luego la traducción.
5. En caso de duda, no vacilar en acudir a los corresponsales de la institución ante el Grupo Interinstitucional de Toponimia.
6. Si el endotopónimo se escribe en otro alfabeto o en cualquier forma de escritura distinta del alfabeto latino y carece de transcripción tradicional al español, tener en cuenta las normas establecidas para transliterar dicha escritura.
7. Vigilar los diacríticos, aunque no sean propios del español: así, Munster (endotopónimo: An Mhumha) es una provincia irlandesa, mientras que Münster pertenece a Westfalia.
8. En la medida de lo posible, no inventar nunca un topónimo de nueva planta sin haber efectuado una consulta previa al Grupo Interinstitucional de Toponimia. En caso contrario, informarle a posteriori.
9. En los topónimos menores (nombres de pueblos, aldeas o pequeños accidentes geográficos), la mejor solución acostumbra a ser ceñirse al endotopónimo.
10. Utilizar lo menos posible los gentilicios (por ejemplo: preferir siempre «una iglesia de Jerusalén» a «una iglesia hierosolimitana») y recurrir a ellos solo en última instancia (para evitar la repetición o ganar en concisión, por ejemplo: al sustituir «un ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos» por «un emiratounidense»).

Sin duda alguna, una buena orientación para cualquier profesional de la traducción e interesados en la materia. Si de mí dependiera sería de obligada lectura para más de un periodista. Por cierto, yo cuando viajo lo hago a Maguncia y Hamburgo

Las diferentes partes se pueden ver aquí.

Todo ello con la colaboración de: Association of Police and Court Interpreters (APCI), Chartered Institute of Linguists (CIoL), Institute of Translation & Interpreting (ITI), National Register of Public Interpreters (NRPSI), NHS Peterborough, New Link, Peterborough City Link, National Policing Improvement Agency (NPIA) y la Association of Chief Police Officers (ACPO).

Francamente instructivo e interesante. El módulo 2 (The use of a professional interpreter in the public sector is essential for effective communication. Watch the module to see why) me ha llegado al alma.

Por lo general, dichos convenios suelen incorporar las cuestiones tributarias más importantes y así el «Convenio Hispano-Alemán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio» recoge todo lo que hay que tener en cuenta para el IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio etc.

De cara a la traducción esto es interesante, dado que los Convenios de Doble Imposición son tratados bilaterales y suelen existir, por ello, directamente en versión bilingüe o con su correspondiente traducción oficial. En la actualidad existen 93 CDI de los que 83 están en vigor y los 12 restantes en fase de tramitación. De ese modo, tenemos un buen número de CDI a nuestro alcance con todo un pequeño glosario tributario a nuestra disposición. El listado de los CDI se encuentra en la página del Ministerio de Economía y de Hacienda (http://www.meh.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/CDI_Alfa.aspx).

Sin embargo, no todo va a ser impecable y observamos que el listado adolece de un pequeño descuido. Únicamente encontraremos en la página del Ministerio de Economía y de Hacienda la versión española del CDI y su traducción al inglés.  ¿Qué hacer si necesitamos la versión en el idioma del otro Estado? Acudir al BOE del respectivo Estado que nos interese. Los CDI, como tratados que son, se suelen publicar en los boletines de cada uno de los Estados que los han ratificado y, claro está, en el idioma oficial del mismo. Tema resuelto

El 23 de mayo celebramos en Madrid la IV Jornada de Terminología y Traducción Institucional y en cuyo marco se presentó el «Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional». Se trata de un trabajo conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), la Comisión Europea, Dirección General de Traducción y Representación de la Comisión Europea en España, la Red de Intérpretes y Traductores de la Administración Pública (RITAP) y la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ). El Libro es, sin duda alguna, de lectura obligatoria ya que viene a ofrecernos una radiografía de la situación actual del mundo de la traducción e interpretación institucional. Y lo cierto es que la situación es, cuando menos, preocupante a la luz de lo que se puede observar en el libro.

Para muestra un botón. Según una encuesta que se ha realizado entre los traductores que trabajan para los Ministerios de Justicia, Interior, Asuntos Exteriores, Presidencia, Defensa, Gobierno Vasco y Cortes resulta que dichos traductores disponen para su trabajo de los siguientes medios:

3. Medios de que dispone para su trabajo

—Diccionarios en papel: 103

—Ordenador

Propio: 83 Compartido: 33 No: 20

—Diccionarios en formato electrónico: 32

—Acceso a Internet:

Limitado: 78 Ilimitado: 15 No: 43

—Programas de traducción asistida: 10

Inverosímil pero cierto. Corre el año 2011 y de 136 traductores 43 no disponen de acceso a Internet y 78 sólo de forma limitada. 15 traductores pueden considerarse unos auténticos privilegiados y han tenido la fortuna de haber aterrizado en el siglo XXI. Asombrado de tamaña hazaña uno de los posteriores ponentes, un funcionario europeo de la Dirección General de Traducción, le preguntó a los asistentes «¿Y qué es lo que hace un traductor sin Internet para consultar dudas si su diccionario no le resuelve la cuestión?» Respuesta de un asistente entre el público (y mártir de la causa): «Lo miro por la noche en casa y me llevo la respuesta al día siguiente al trabajo». Me quedé entre estupefacto e impertérrito.

El Libro Blanco presenta ocho capítulos y cinco anexos. La presentación corre a cargo de Erik Camayd Freixas, Catedrático de Estudios Hispánicos y director del programa de Traducción e Interpretación en la Florida International University de Miami.

Índice

Presentación

I. Introducción

II. Marco jurídico de la Traducción e Interpretación institucional

III. Traducción, interpretación y actividades afines en la Administración española: aproximación a un catálogo profesional.

IV. Datos de los cuestionarios

V. Situación de traductores e intérpretes

VI. Propuestas de reforma

VII. Un modelo de gestión ajustado a los principios de la Directiva 2010/64/UE

VIII. Código deontológico y de buenas prácticas

ANEXOS

1. Contribuciones de asociaciones

2. Recursos documentales y terminológicos

3. Conclusiones del Foro de Reflexión

4. Oferta de Formación – Red Comunica

5. Revista de prensa

El Libro Blanco es público y se puede consultar en la web de la Comisión Europea (pinchar aquí).