El Congreso ha aprobado con 38 votos a favor y 2 en contra una proposición no de ley sobre la regulación de la formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados que se relacionan con la Administración de Justicia. El Diario de Sesiones que recoge el debate se puede leer aquí:

Diario de Sesiones de 25 de septiembre de 2013.

Parece ser que la Directiva 2010/64/UE (Se publica la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales)  está provocando que por fin algunos políticos estén tomando nota de que existe un problema que ha de ser solucionado:

«Lo cierto es que con el actual sistema no se garantiza en todos los casos ni la suficiente cualificación ni la formación especializada ni la necesaria experiencia, por lo que resulta indudable que existen disfunciones que conviene resolver si es que queremos contar con una justicia de calidad y garantizar a los ciudadanos que acceden a ella una mayor seguridad, única forma de conseguir que la tutela judicial efectiva sea una realidad.»

Interesante me parece la siguiente aseveración:

«Sin embargo, la directiva del Parlamento Europeo, a diferencia de nuestra propuesta, prevé un ámbito de aplicación muy limitado pues se reduce al ámbito penal y se refiere a un derecho a la traducción que se contempla únicamente para aquellas personas que resultan sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal. Nosotros, con nuestra proposición —y adelanto que este es el motivo por el que no vamos a aceptar la enmienda que se nos va a plantear por el Grupo Parlamentario Socialista— tenemos un objetivo mucho más ambicioso que el de la mera trasposición de esta directiva. Queremos llegar aún más lejos, pues como explicaré a continuación debemos extender este derecho a una interpretación de calidad a todos los órdenes jurisdiccionales y del que sean beneficiarios no solo los sospechosos o acusados sino todos aquellos que de una manera u otra acceden a la justicia y para cualquier actuación procesal.»

En estos momentos es cuando uno se alegra de que exista la Unión Europea y que España sea uno de sus Estados miembros. Ahora bien, a la vista de lo que habitualmente ocurre, esto es, que nuestros políticos son expertos en articular sistemas incompletos que posteriormente se van parcheando yo me lo tomo con la debida calma y entiendo que esto es, de momento, una mera declaración de intenciones. Bueno, pero por algo se empieza.

Desde la Unión Europea nos llega un borrador que es francamente preocupante. Un proyecto impulsado por Viviane Reding que pretende simplificar el reconocimiento de las escrituras públicas en la Unión Europea. Para ello se propone suprimir el requisito de la Apostilla de la Haya y que las escrituras tengan que ser traducidas por un traductor jurado. Así el artículo 6 del borrador viene a establecer lo siguiente:

Artículo 6

Traducciones no juradas

1. Las autoridades aceptarán las traducciones no juradas de los documentos públicos expedidos por las autoridades de otros Estados miembros.

2. Cuando una autoridad albergue dudas razonables sobre la corrección o la calidad de la traducción de un documento público que se le presente en un caso particular, podrá solicitar una traducción jurada de ese documento. En ese caso, la autoridad aceptará las traducciones juradas realizadas en otros Estados miembros.

Y ya para redondear el invento nos viene como reglamento lo que significa que de ser aprobado se aplicaría de forma directa.

El borrador del nuevo reglamento se puede consultar aquí:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0228:FIN:ES:PDF:

En mi opinión esta propuesta constituye una auténtica atrocidad que nos conduce a un espacio de inseguridad jurídica donde cualquier cosa va a ser posible. Si eliminamos la exigencia del traductor jurado prescindimos de uno de los puntos esenciales a la hora de tratar con documentos extranjeros: poder conocer fehacientemente el contenido de un documento original redactado en otro idioma. Porque la función primordial del traductor jurado consiste en dar fe de que la traducción se corresponde con el contenido del documento original. Pero si además aceptamos que la traducción pueda ser hecha por cualquier persona elegida al azar, a la cual no se le exige tener que reunir requisito alguno, las cosas se pueden complicar a más no poder. Y de eso sabemos mucho en España. Véase la situación a la que hemos llegado en los juzgados gracias a que la ley permite que cualquier persona pueda intervenir como intérprete judicial ante los tribunales.

Dicho lo anterior y para prevenir posibles malentendidos quisiera precisar que cuando hablo de la función del traductor jurado me refiero estrictamente al papel que desempeña en el tráfico jurídico y no a su capacidad lingüística o a la calidad de sus traducciones. Existen muchos traductores no jurados, como los literarios, cuya competencia lingüística es extraordinaria y brillante (al igual que existen traductores jurados de los que es mejor no hablar) y que, probablemente, producirían unas traducciones juradas soberbias. Pero como no son traductores jurados, por la razón que sea, no pueden certificar la fidelidad y exactitud en el sentido que la ley establece. Por lo tanto, que nadie se encolerice. Muchos amigos míos son traductores no jurados y unos grandes profesionales y lingüistas en su trabajo.

Volviendo al tema central entiendo que el borrador es un despropósito en todos los sentidos. Sin embargo, también es verdad que la idea principal que subyace en el fondo es bastante antigua porque de novedad tiene bien poco. Si retrocedemos un poco en el tiempo veremos que en el año 2009 se aprobó la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y que transpuso la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Muchos recordarán esta ley porque el nombre con el que se bautizó fue bastante llamativo: Ley Paraguas. Y dicha Ley 17/2009 ya contenía todo un capítulo denominado «Simplificación administrativa» y un artículo 17.3 que reza:

3. En el caso de documentos emitidos por una autoridad competente ya sea en España o en otro Estado miembro, no se exigirá la presentación de documentos originales o copias compulsadas ni traducciones juradas, salvo en los casos previstos por la normativa comunitaria, o justificados por motivos de orden público y de seguridad pública. No obstante, la autoridad competente podrá recabar de otra autoridad competente la confirmación de la autenticidad del documento aportado.

Ahora bien, desde aquel entonces ha llovido mucho y no pocas cosas han cambiado. Entre ellas la aprobación de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales que supuso un gran avance para poner orden en el sector judicial (véase la entrada Se publica la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales).  Y de aquí mi extrañeza con el nuevo borrador. Resulta fascinante comprobar que en el ámbito judicial hayamos logrado introducir garantías e intérpretes de calidad, poniendo fin a uno de los mayores disparates que había en los tribunales, y que ahora se quiera introducir voluntariamente ese mismo error en el campo de las traducciones juradas. ¿Es que nadie ha aprendido nada? Yo no salgo de mi asombro.

Veremos lo que nos depara el futuro. Desde la APTIJ y EULITA estamos absolutamente en contra de dicho proyecto y así se lo estamos haciendo llegar a las diferentes instituciones comunitarias. Lo mismo opinan el Notariado Europeo y nuestros compañeros austriacos de la ÖVGD. Y sospecho que no vamos a ser los únicos.