Cuando soplan los vientos del cambio. Proyecto de nuevo reglamento de la OIL.

La Directiva 2006/123/CE, conocida como la Directiva de Servicios, asoma su cabeza y trae cambios en el horizonte legislativo. Tras 32 años en vigor se modificará el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas (OIL) incorporando una serie de cuestiones mayores y menores que van a ser de especial trascendencia.

Podemos destacar los siguientes puntos en el proyecto del Real Decreto que no dejarán indiferente a los profesionales del sector (de hecho las listas de traducción ya están que echan humo por los cuatro costados virtuales):

1. El intérprete jurado cambia de denominación y se denominará, según lo previsto en el proyecto, Traductor-Intérprete.
2. Eliminación del acceso al nombramiento por vía de la facultad. El MAEC entiende que «[…] la multiplicación de centros que imparten docencias de traducción e interpretación […] cada uno con sus propios planes de estudios ha dado lugar al incremento de licenciados en Traducción e Interpretación que solicitan el título de intérprete jurado, con la consiguiente imposibilidad de verificar que todos ellos cuentan con unas aptitudes profesionales adecuadas para ejercer esta labor». En consecuencia, se establecería una única vía de acceso que sería el examen del MAEC. Por otra parte, se implantaría, asimismo, un régimen transitorio con un plazo de seis meses para solicitar el nombramiento cuando se trata de licenciados que no hayan solicitado todavía su nombramiento. Finalmente, se tendría previsto el siguiente sistema para aquellos estudiantes que se encuentren cursando los estudios de traducción: los estudiantes que finalicen su carrera podrán hacer uso de la exención de examen dentro del año natural en el que finalicen sus estudios (significa que si terminamos la carrera en el año 2011 tendríamos hasta el 31.12.2011 para solicitar el nombramiento). Dicho sistema dejaría de aplicarse el 30 de septiembre de 2015.
3. No obstante, lo anterior no afectaría a los licenciados que ya hayan obtenido su nombramiento quedando éstos equiparados a todos los efectos.
4. Eliminación de la obligación de comunicar cada año las tarifas.
5. Desempeño de su labor de Traductores-Intérpretes de acuerdo con las orientaciones que pueda dictar la Oficina de Interpretación de Lenguas.

El panorama y futuro inmediato se presenta interesante. Al margen de que algunas cosas quedan por concretar (no se define el concepto de orientaciones, si bien quiero suponer que se hará mediante un desarrollo normativo posterior) el salto en lo concerniente al nombramiento va a ser sustancial.

Por de pronto, la comunidad de traductores ha empezado a debatir el proyecto y desea aprovechar el momento para sugerirle al MAEC todo un catálogo de mejoras que se podrían incorporar al nuevo Real Decreto. Por ideas y proponérselas al MAEC que no quede y yo mismo he estado sugiriendo en los últimos días algunas ideas aportando mi punto de vista. Seguramente presentaré unas alegaciones por mi cuenta y ya veremos lo que opina el MAEC. Soy bastante escéptico en relación a este tipo de cosas pero que no se diga que no lo hemos intentado entre todos.

¿Cosas por optimizar en el Real Decreto? En concreto, los artículos 10 y 12. El artículo 10 se queda corto y necesita de un complemento. Que los honorarios sean libres es una exigencia comunitaria y de la que los colegios de abogados saben lo suyo. Hasta aquí todo correcto. Sin embargo, no nos ayuda a aquellos que actuamos en los juzgados y, en especial, en materia de condena en costas. Porque puede darse el caso que la parte contraria sea condenada a pagar las costas del juicio y eso puede incluir las traducciones. Pero si los honorarios son libres ¿dónde le ponemos el tope? La parte contraria no va a pagar, ni se le puede exigir, que abone unas tarifas desorbitadas.

El conflicto que se plantea es análogo al que se da con los honorarios del abogado. Si perdido el pleito me obligan a pagarle los honorarios al abogado contrario y éste suele cobrar 500 EUR / hora menuda losa la que me podría venir encima. Sin embargo, eso no ocurre en la práctica. ¿Por qué? La solución pasa por un máximo que se ha establecido de antemano y que evita injusticias: para eso existen los baremos de los colegios de abogados que se aplican en dichos supuestos. El artículo 44.1 del Estatuto de la Abogacía, aprobado mediante Real Decreto 658/2001, establece que:

[…] A falta de pacto expreso en contrario, para la fijación de los honorarios se podrán tener en cuenta, como referencia, los baremos orientadores del Colegio en cuyo ámbito actúe, aplicados conforme a las reglas, usos y costumbres del mismo, normas que, en todo caso, tendrán carácter supletorio de lo convenido y que se aplicarán en los casos de condena en costas a la parte contraria.

En el mundo de la traducción jurada esa función se podía cumplir, de manera imperfecta, mediante el sistema de la remisión anual de las tarifas al MAEC. Si el intérprete remite una vez al año las tarifas máximas que cobra es evidente que no podrá exigir una tarifa que supere el máximo que el mismo se ha fijado y que le ha comunicado al MAEC. Sin embargo, sistema imperfecto porque nada le impide a un traductor entregar en el MAEC unas tarifas descomunales a modo preventivo y luego aplicar otras más bajas mientras le convenga. Hecha la ley, hecha la trampa.

En lo que al artículo 12 se refiere entiendo que el MAEC debería instaurar una lista obligatoria y completa de los intérpretes jurados a nivel nacional. Una  cuestión sobre la que ya me explayé en una entrada anterior (Lost in Translation: La lista desconocida de intérpretes jurados del MAEC). Dispondríamos así de un  momo rápido y eficaz para comprobar los nombramientos y acabar con las dudas de si uno es o no intérprete jurado.

Y para concluir considero que el Real Decreto es, en términos generales, insuficiente. Puestos a modificar la normativa ¿por qué razón no se aprovecha la coyuntura para dar salida a diferentes cuestiones necesarias y fomentar la seguridad jurídica de las traducciones juradas poniendo freno a la picaresca reinante? Nada se dice de la firma electrónica, queda pendiente una regulación más detallada del sello, la temática del papel timbrado se omite al igual que los sellos de seguridad, los carnés siguen siendo de cartulina, no existen números de identificación únicos para los intérpretes jurados etc. y etc. Demasiadas cosas pendientes en el año 2009.

Continuará…